La semana pasada vecinos y
vecinas de Alcázar nos comunicaron alarmados que habían recibido llamadas
telefónicas para realizar una encuesta de una empresa llamada Madison que les
hacía unas preguntas del siguiente estilo:
·
¿Qué prefiere la gestión pública, privada o
mixta?
·
¿Cuánto estaría dispuesto a pagar para que
volviera a ser pública: 100, 200, 500 o más euros?
·
¿Considera que las infraestructuras deben ser
del Ayuntamiento?
·
¿Quién debe fijar las tarifas del agua?
Preguntas que, a la vista está,
nada tienen que ver con la satisfacción del usuario con el servicio y sí con
unos objetivos políticos que no competen a una empresa de Aguas.
Por nuestra parte, ante la alarma social de los vecinos,
Equo Alcázar Vecinal hace una nota de prensa pidiendo explicaciones a la
alcaldesa. Al día siguiente, el gerente de Aguas de Alcázar dice en una nota de
prensa que ellos son los que han encargado dicha encuesta. En varios escritos
le hemos exigido a la alcaldesa y presidenta del Consejo de Administración de
la empresa mixta Aguas de Alcázar que:
- Ordene, como presidenta del Consejo de Administración, a la empresa Aguas de Alcázar la suspensión de las llamadas telefónicas, así como que no se tengan en cuenta las respuestas recogidas hasta la fecha.
- Que nos remita la documentación sobre la encuesta (Actas del Consejo de Administración y/o de la Comisión de Seguimiento donde se acuerda la realización de dicha encuesta, las preguntas de la misma y el contrato con la empresa encuestadora), teniendo en cuenta que la Corporación Municipal tiene potestad para fiscalizar, inspeccionar, recabar toda la información sobre la encuesta e incluso interpretar el contrato (Cláusula 30 de los PCAP pág. 50).
- Que dé explicaciones públicas a la ciudadanía de Alcázar de San Juan, sobre la realización de dicha encuesta.
Desde Equo Alcázar Vecinal
consideramos que estamos ante un hecho muy grave de manipulación de la opinión
pública, realizado por parte de la empresa mixta Aguas de Alcázar, de la que
forman parte Aqualia (con el 52% de las acciones) y el Ayuntamiento (con el 48%).
¿Por qué la empresa mixta Aguas de Alcázar con la
realización de la encuesta, está cometiendo un hecho grave y quizá un
incumplimiento de contrato? Nosotros vemos tres razones evidentes:
- Porque está realizando una encuesta con un contenido que no tiene nada que ver con la satisfacción de los usuarios respecto a la prestación del servicio. Entendemos que la encuesta no guarda relación con el ciclo hidráulico, pues sobre lo que pregunta es por la forma de gestión, que es una decisión política. A la empresa, sea de titularidad pública, mixta o privada no le corresponde tomar decisiones sobre el tipo de gestión. Su misión es gestionar desde el punto vista técnico, sin posicionarse políticamente por ninguna opción. Por otra parte, la encuesta supone un gasto y un contrato con una empresa y entendemos que ese gasto lo habrá aprobado el Consejo de Administración de la empresa mixta Aguas de Alcázar.
- Porque se han utilizado los teléfonos de los vecinos para realizar la encuesta y se ha abusado de la cesión de datos de los usuarios que no ha sido autorizada para ese cometido. Además, se necesita el consentimiento expreso de la Corporación Municipal, porque se han cedido los datos a una empresa distinta a Aguas de Alcázar. En la factura de Aguas, que nos llega a nuestras casas se dice que: “En cumplimiento con la Ley orgánica de protección de Datos, le informamos que sus datos personales forman parte de un fichero titularidad del Ayuntamiento en el cual usted reside, siendo tratados por la entidad concesionaria del servicio, que aparece en el anverso de esta factura. Ante este hecho nos vamos a dirigir a la Agencia Española de Protección de Datos para que investigue si los hechos ocurridos cumplen la Ley de Protección de Datos.
- Porque la alcaldesa, como presidenta del Consejo de Administración, es conocedora de todo el proceso y ha dado su consentimiento a la encuesta. Si no, ya tiene un buen motivo para exigir que se vayan por incumplimiento, como falta grave o muy grave, del contrato. Pero, si es que no lo sabía, ¿qué garantías tenemos los vecinos de estar bien representados en la Empresa Mixta Aguas de Alcázar y de que se defiendan nuestros intereses en una empresa de la que nos pertenece un 48% de las acciones?
A la vista de esto está claro que no podemos tener
confianza en los representantes del Ayuntamiento, Alcaldesa y Concejal del
ciclo hidráulico, presidenta y vocal respectivamente en el Consejo de
Administración de la empresa mixta Aguas
de Alcázar, que toma unas decisiones como el contenido político de la
encuesta, en contra de lo expresado por la mayoría de los vecinos de la ciudad,
en una Consulta Ciudadana y en las pasadas elecciones municipales, que dieron
un resultado de 13 concejales partidarios de la remunicipalización de un total
de 21.
Así que esta
serie de preguntas lo único que ha provocado, aparte de la alarma social, es
otra serie de preguntas e incertidumbres con las que ahora encaramos la vida
municipal:
¿Qué se pretende hacer con estas preguntas tendenciosas que
parece que las hubiera urdido Aqualia?
¿Hasta dónde vamos a llegar con el deterioro de una empresa
modelo que ahora se aparta de su cometido y se dedica a recabar la opinión de
los usuarios con respecto a la remunicipalización?
¿La respuesta obtenida por parte del equipo de gobierno es
la respuesta esperada de un equipo de gobierno que apuesta decididamente por la
remunicipalización?
¿Quién defiende en la empresa los intereses de los
alcazareños?
La defensa de lo público y el derecho humano de acceso al agua no pueden
abandonarse y esa es una de las razones más poderosas para que reiteremos
nuestro compromiso con los vecinos y vecinas de Alcázar de San Juan.
