VALORACIÓN DEL GRUPO MUNICIPAL DE EQUO ALCÁZAR VECINAL SOBRE EL PUNTO 11 DEL ORDEN DEL DÍA DEL PLENO CELEBRADO EL 29/03/2016 REFERIDO A LA DEFENSA DE LAS DIPUTACIONES PROVINCIALES.
Moción
del Grupo Popular en defensa de las Diputaciones. Pretenden en la
Comisión preparatoria de Pleno hacerla institucional, pero no es posible al no
estar de acuerdo Equo e IU. En la preparatoria de pleno los grupos mayoritarios
están a favor, IU y Equo se abstienen.
Nuestra intervención:
El debate es
alimentado por el PP a nivel nacional para erosionar el pacto PSOE-Ciudadanos.
El tema es complejo, ya que para
suprimirlas debería haber una estructura alternativa que asumiera, al menos en
parte, las funciones que desempeñan actualmente las Diputaciones. Primero
vamos a ver la problemática de la Provincia como entidad local y qué son las
Diputaciones Provinciales.
El problema
que constituye la provincia como entidad local surge de tres cuestiones directamente
relacionadas entre sí. La primera es que la visibilidad de la institución entre
la ciudadanía es más bien escasa o anecdótica, principalmente porque los
servicios que presta habitualmente la Diputación no van dirigidos directamente
a los ciudadanos, sino que se interponen otras administraciones como son los
municipios. La segunda cuestión tiene relación con esta falta de visibilidad,
pues debilita la legitimidad que esta institución tiene ante la ciudadanía y es
consecuencia directa de un sistema electoral de segundo grado que procede del
período preconstitucional y se ha quedado instalado (por comodidad o desidia
institucional) en la legislación electoral desde entonces. Esta carencia de
legitimidad democrática directa ha sido uno de los elementos centrales por los
que tanto el Consejo de Estado como el Consejo de Europa (Recomendación de 19
de marzo de 2013, en relación con el proceso de “Monitoring” al Reino de
España) han objetado, con mayor o menor énfasis, la débil adecuación al
principio de autonomía municipal de una asunción directa y automática de la
prestación de servicios municipales por parte de las Diputaciones provinciales.
Y la tercera cuestión se refiere a que fruto de esta legitimación democrática
indirecta, pero sobre todo de una composición singular del “gobierno
provincial”, con alcaldes y concejales de los propios municipios de la
provincia, el sistema de gobernanza provincial podrá ser un obstáculo para que
el ejercicio de las funciones o competencias que se le atribuyen se ejerzan
correctamente. Será difícil que los Alcaldes y Concejales que dirigen las
Diputaciones provinciales adopten determinadas decisiones que puedan afectar
negativamente a la identidad, la existencia o la cartera de servicios de sus
municipios o de otros de su entorno. No cabe ocultar que las presiones serán
fortísimas para que esto no suceda. El problema es el margen de maniobra que
tendrán o no para distraer o modular sus obligaciones legales. Por tanto, las
Diputaciones provinciales son los órganos de gobierno de las provincias y su
labor consiste en administrar sus intereses y asegurar la prestación integral y
adecuada de los servicios públicos de competencia municipal en todo el
territorio de la provincia, en especial a los municipios. Estas instituciones de
carácter territorial suministran servicios a los pequeños municipios que por sí
mismos no podrían prestarlos, como la gestión del agua, el tratamiento de los
residuos y el parque de bomberos. Asimismo reparten fondos estatales para
arreglar caminos, carreteras y otras. Además, cooperan con los municipios
mediante aportaciones económicas a través de los planes provinciales, recayendo
la ayuda sobre materias como el saneamiento y control ambiental, la ingeniería,
el urbanismo o el bienestar social. Como vemos las Diputaciones Provinciales
cumplen una función dentro de la organización del Estado y ese es el argumento
que utiliza el PP para justificar su mantenimiento. Ese razonamiento es una
falacia. Es cierto que se deben atender las necesidades de los pequeños
municipios que por si solos no podrían soportar el peso de muchos servicios
básicos. Pero, ¿necesariamente deben ser las Diputaciones las que deben prestar
esa ayuda, al menos, tal y como las conocemos ahora? Eso, como mínimo, es
discutible. El título de la moción presentada por el PP lo dice todo: „en
defensa de la diputaciones y en apoyo de su continuidad“. El debate se debe
centrar en garantizar la adecuada prestación de servicios públicos a todos los
municipios, y en qué combinación de medios utilizar para ello, evitando
duplicidades con otros estamentos. En lugar de esto, el PP prefiere centrar el
debate en el mantenimiento a ultranza de unas instituciones que se han
convertido en agencias de colocación de los ediles que no consiguen liberación
en sus respectivos ayuntamientos, sus miembros no son elegidos directamente por
los ciudadanos a pesar del poder que tienen y del elevado presupuesto que
manejan, y donde, para colmo, los controles fallan con más frecuencia de lo
habitual, siendo uno de los principales focos de corrupción. Como ejemplo de lo
anterior, la Diputación de Valencia gobernada por el PP ha llegado a tener 37
asesores para 31 diputados y su presidente, Alfonso Rus, gastaba 70.000 €
anuales en dietas, por no hablar de las investigaciones judiciales del caso
„Taula“ que afectan a presidentes y expresidentes de esa. La Ley 27/2013 de
racionalización y sostenibilidad de la Administración Local, que vio la luz en
la anterior legislatura del PP y cuya derogación proponemos, concede un mayor poder
a las Diputaciones Provinciales a costa de limitar la autonomía municipal. No
deja de ser paradójico que la instancia con legitimidad democrática directa (el
municipio) sufra ese proceso de reducción o de reconfiguración de sus
competencias, mientras que la institución que tiene legitimidad democrática
indirecta se vea beneficiada por dicha ley. El debate debiera ir dirigido a la
reforma de las Diputaciones, a repensar su futuro y su posible transformación
en estructuras mancomunadas de carácter técnico, de ámbito comarcal que se
ajusten mejor a la realidad territorial que componen la Comunidad Autónoma.
Teniendo en cuenta que para adoptar cualquier decisión se debe contar siempre
con los trabajadores y sindicatos, así como con los municipios afectados. El
debate no obedece a una problemática concreta de Alcázar de San Juan, sino que
se trae al Pleno únicamente por intereses políticos del PP a nivel nacional, y
no nos parece que merezca la pena.
El Debate de
las diputaciones y su continuidad se ha convertido en el nuevo fuego de
artificio del PSOE y PP claman por la necesidad de mantener este organismo para
seguir dando servicio a los pueblos pequeños. Los doscientos años de historia
se esgrimen continuamente como argumento de prestigio y las cuentas solventes
como ejemplo de buena gestión. Lo que no dicen es el uso de la institución para
„colocar“ a sus ediles y el consiguiente clientelismo.
Con la
Constitución Española se creó un mapa de comunidades autónomas y eso no se ha
resuelto bien. Ambas administraciones han ido creciendo acumulando competencias
comunes entre ambas y duplicando muchas veces los costes de administrar el
mismo territorio. En este debate cada uno trata de demostrar con su gestión que
es necesario, sobre todo si entre ellos son de signo político.
Pero, no se
debe confundir la capacidad de gestión de un equipo con la racionalidad de la
Administración, que es lo que no se está acometiendo.
Creemos que
el mantenimiento de las diputaciones ha sido una consecuencia más del
bipartidismo y que, a partir del nuevo escenario político, se ha puesto en
revisión. Se habla del papel vertebrador del territorio y del servicio que
prestan especialmente en el mundo rural. Sin embargo, que haya cuatro niveles
en la administración y la falta de democracia directa del nivel provincial,
ponen en tela de juicio su continuidad. Las 38 diputaciones de régimen común
manejan un presupuesto de 6.066 millones de euros. De los que un 27% se dedica
a gastos de personal.
Dice
la Ley Reguladora de las Bases de Régimen Local que sus funciones son:
-
Los servicios de tratamiento de residuos,
-
El mantenimiento de los consultorios médicos,
-
La prevención y extinción de incendios,
-
Las políticas de asistencia social y
- El
asesoramiento legal a los municipios de menos de 5000 hab. Para alcaldes y
concejales que no reciben remuneración alguna en función de su cargo.
Nos parece
que todas estas funciones son fácilmente asumibles por los ayuntamientos o por la administración
autonómica a través de sus delegaciones provinciales. Porque también hay
infraestructuras promovidas por la diputación que sortean los controles de
gasto, como las escuelas de tauromaquia de Toledo o Castellón, o un hotel de
lujo de la diputación de Teruel o un hipódromo de la de Ourense. Si estuviéramos
en Francia, con una administración centralizada y fuerte, cabría una
administración provincial. Pero hemos elegido el modelo descentralizado de las
autonomías. Seamos, pues, consecuentes. Pero no forcemos el desmantelamiento de
las diputaciones en aras de una externalización o privación de servicios, como
propone Ciudadanos. El debate debe ser sosegado, para revertir el máximo a lo
público.
La
moción salió adelante con los votos favorables de PP y PSOE, con las tres
abstenciones de Equo y el voto negativo de IU. En nuestro voto de abstención considerábamos que la
desaparición de las diputaciones tiene que venir acompañada de unas estructuras
mancomunadas de carácter técnico, de ámbito comarcal que se ajusten mejor a la
realidad territorial que componen la Comunidad Autónoma. Creemos que al
releerla pesan más los argumentos en contra que a favor. Por eso se entiende
menos la abstención. En otra ocasión, que seguro que las habrá matizaremos más
nuestra postura y mediremos mejor nuestro voto.
