El derecho humano al agua, cuestión ineludible e inaplazable
En Alcázar de San Juan, como en muchos
otros lugares de nuestro país y del resto del mundo, hemos sido testigos de
cómo el agua se utiliza como moneda de cambio por los ayuntamientos para
conseguir pingües ingresos económicos a cambio de entregar la gestión del
recurso más valioso que tenemos los vecinos.
Las multinacionales han visto en el agua un importante negocio. Tras el
pinchazo de la burbuja inmobiliaria, las empresas constructoras como
FCC-Aqualia se han lanzado al negocio del agua. En España hoy en día el 55% de
los servicios de abastecimiento y saneamiento de agua, que son esenciales para
la vida humana, han sido privatizados. La media europea se sitúa en un 30%, y a
nivel mundial se reduce al 10%.
La sociedad civil ante este ataque se está defendiendo.
·
En
noviembre de 2002, el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales
adoptó la Observación General nº 15 sobre el derecho al agua,
estableciendo que "El derecho humano al agua es indispensable para una vida
humana digna".
·
En
mayo de 2011, la Organización Mundial de la Salud (OMS), mediante su Resolución
64/24, hacía un llamamiento a los Estados Miembros "para garantizar que
las estrategias de salud nacionales contribuyan al logro de los Objetivos de
Desarrollo del Milenio en materia de agua y saneamiento al tiempo que apoyan la
progresiva realización del derecho humano al agua y al saneamiento"
·
El
28 de septiembre de 2011, el Consejo de Derechos Humanos aprobó una nueva
resolución que lleva el derecho humano al agua potable y a un saneamiento
saludable un paso más allá. El Consejo daba, así, la bienvenida a la compilación
de buenas prácticas sobre el derecho al agua potable y a un saneamiento
saludable. La resolución hace un llamamiento a los Estados para que garanticen
la suficiente financiación para el suministro sostenible de servicios de agua y
saneamiento.
·
En
julio de 2013, el Informe de la
Relatora Especial sobre el derecho humano al agua potable y el saneamiento,
Catarina de Albuquerque, se centra en la cuestión de la
sostenibilidad en la realización de los derechos humanos al agua y al
saneamiento. La Relatora examina de qué manera esos derechos pueden y deben
respetarse en favor de las generaciones actuales y futuras, explicando de qué
manera el contenido y los principios normativos de los derechos humanos al agua
y al saneamiento contribuyen a hacer posible su sostenibilidad.
El
25 de julio de 2015, la Comisión de Medio Ambiente del Parlamento
Europeo ha votado favorablemente un informe para dar validez a la primera
Iniciativa Ciudadana Europea (ICE) que ha tenido éxito y que exige, a través de
casi dos millones de firmas, una gestión pública y acorde con los derechos
humanos del agua y del saneamiento (llamada Right2Water).
Los eurodiputados han exigido al Ejecutivo Comunitario que presente propuestas
normativas para revisar la Directiva
Marco sobre el Agua "para que se reconozca que el derecho al agua
asequible es un derecho humano básico". Los eurodiputados también han
reclamado que la producción, distribución y tratamiento de agua y los servicios
sanitarios sean excluidos de cualquier acuerdo comercial que negocie la Unión
Europea.
·
El
4 de noviembre de 2016 en la Declaración por la Gestión Pública del Agua, las
alcaldesas y alcaldes presentes en el Encuentro de Ciudades por el Agua
Pública, celebrado en Madrid, manifiestan que el agua y sus ecosistemas
asociados son bienes comunes que no pueden ser objeto de apropiación en
beneficio de intereses privados. Asumiendo plenamente que el abastecimiento de
agua para el consumo humano y el saneamiento es un derecho humano que, de
acuerdo con el cuerpo doctrinal de Naciones Unidas, es indispensable para vivir
dignamente siendo condición previa para la realización de otros derechos
fundamentales. Entendiendo que la gestión de los servicios de abastecimiento y
saneamiento tiene que, además de ser necesariamente pública, promover nuevas
formas de control social que garanticen la transparencia, la información, la
rendición de cuentas y la participación ciudadana efectiva. Consecuentemente,
rechazando la privatización de los servicios del ciclo integral urbano del agua
y apoyamos los procesos de re-municipalización que se están llevando a cabo en
numerosas ciudades y pueblos para recuperar la gestión pública.
El
24 de mayo de 2015, el papa Francisco en su encíclica Laudato sí, sobre el
cuidado de la casa común, da también la opinión de la Iglesia Católica:
“Mientras se deteriora constantemente la calidad del agua disponible, en
algunos lugares avanza la tendencia a privatizar este recurso escaso,
convertido en mercancía que se regula por las leyes del mercado. En realidad,
el acceso al agua potable y segura es un derecho humano básico, fundamental y
universal, porque determina la sobrevivencia de las personas, y por lo tanto es
condición para el ejercicio de los demás derechos humanos”.
El movimiento por el derecho
humano al agua y contra la utilización del agua como objeto de mercancía, es
una realidad imparable en la actualidad. Cada vez son más los pueblos,
ciudades, comunidades y estados que toman conciencia del problema y apuestan
por la gestión pública del agua.
En
defensa del derecho humano al agua, salud y agua pública.
Juan Garrido, portavoz Equo Alcázar Vecinal
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